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El Fondo Minero, creado con la reforma fiscal de 2013 y que cobra un impuesto especial a las mineras de 7.5 por ciento sobre sus utilidades para destinarlo al desarrollo de comunidades cercanas a la extracción de minerales, será controlado ahora por la Secretaría de Economía en lugar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Gobierno federal refiere que ahora la dependencia encabezada por Graciela Márquez tendrá que realizar un rediseño en la asignación e implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y aledañas.
“También se propone replantear el actual esquema de distribución del fondo, por lo que la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos no se incluirá dentro de la recaudación federal participable y se continuará destinando en 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10 por ciento a la Secretaría de Economía y 10 por ciento al Gobierno Federal”, dice el presupuesto.
Además, la Secretaría de Economía tendrá que destinar directamente los recursos del fondo.