Por: Marco A. Mares 24 de septiembre de 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa: declaró área natural protegida la planta de Vulcan Materials.
Por decreto crea una nueva área natural protegida, denominada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con una extensión de más de 53 mil hectáreas que incluyen los terrenos de la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen.
El jefe del Ejecutivo lo anticipó desde mediados del año pasado. Advirtió que antes de que concluya su sexenio quedaría resuelto el tema legal con Calica a la que llegó a ofrecer entre 6 mil millones y 8 mil millones de pesos.
Se trata de un conflicto que inició en noviembre del 2018, es decir, poco antes del inicio del actual sexenio.
Bajo la actual administración, la empresa Sac-Tun ha rechazado las ofertas económicas del gobierno mexicano por considerar que representan un valor nominal alejado de la realidad.
Vulcan Materials mantiene una demanda en contra del gobierno de México, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
En un comunicado que difundió, Sac-Tun expresó: “estamos al tanto de la expropiación del puerto de Punta Venado y nuestra cantera Sac Tun cerca de Playa del Carmen, México, por parte del Presidente Andrés Manuel Lópezs Obrador.
La acción más reciente –declarar formalmente nuestros inmuebles y puerto como Área Natural Protegida (ANP)- es una parte más de una serie de amenazas y acciones de la actual administración contra nuestras operaciones, operaciones que son legales y cuentan con las autorizaciones necesarias en el país”.
La empresa sostiene que la expropiación de los terrenos y el puerto propiedad es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en el marco de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC y otros tratados de inversión aplicables.
Y advierte que esta medida ilegal tendrá un efecto paralizante y de largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre los Estados Unidos y México.
Finalmente, anuncia que se defenderá empleando todas las vías jurídicas disponibles.
A 7 días de que termine su sexenio, el presidente de México toma una decisión que podría derivar en sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
En horas previas a la publicación del decreto presidencial, senadores republicanos y demócratas de EU presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones a México si el presidente López Obrador concreta su amenaza de decretar las tierras de Vulcan, en reserva natural.
Previamente, desde el secretario de Estado de EU, Antony Blinken y varios senadores enviaron una carta a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena en la que advirtieron que de concretarse la confiscación de los terrenos de Vulcan harán todo los necesario para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esa propiedad.
El problema con Vulcan, se convirtió en una bomba de tiempo que hereda el primer mandatario al próximo gobierno, en la relación con el principal socio comercial de México. Veremos.
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