Por Christopher Calderón agosto 27, 2024
La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó discutir la iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto, lo que encendió las alarmas en la industria extractiva, que demanda un parlamento abierto antes de aprobar una reforma que advierten, generará desabasto de mientras esenciales en Norteamérica, además de acusar un impacto fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos en aportaciones a Hacienda por parte de las empresas.
Luis Noriega, presidente de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham México) dijo a El Financiero que las mineras provenientes del país de la hoja de maple que operan en territorio mexicano ven esta iniciativa con preocupación, por lo que desde el organismo buscarán expresar a las autoridades mexicanas las inquietudes que tienen empresas mineras como Torex Gold, Newmont, Argonaut Gold, Pan American Silver, entre otras que operan en el país.
“Nuestra función es tratar de encontrar la forma de generar el diálogo, un diálogo productivo que nos permita expresar nuestra preocupación, pero al mismo tiempo escuchar las preocupaciones de las autoridades para atender las y así tener un diálogo sano que no afecte a ningún actor clave de esta industria”, señaló Noriega en entrevista.
Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) aseveró que la prohibición preocupa a los asociados que hacen un llamado al diálogo.
“Creemos que es necesario tener un foro con una conversación abierta para entender realmente cuáles son las preocupaciones hacia la minería a cielo abierto. Estamos preparados para tener una conversación porque creemos que la actividad minera es muy importante para el país”, aseguró a El Financiero.
La minería a cielo abierto es muy importante para el país, no sólo porque que 60 por ciento de la producción en México proviene de esta técnica extractiva, sino además porque la prohibición de esta actividad compromete más de 30 mil millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el gobierno federal, así como por una posible contracción económica estimada en 250 mil millones de pesos anuales (-1 por ciento del PIB Nacional).
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