Es lugar común decir que la minería es un sector económico estratégico para México; de hecho, nuestro país es una potencia minera. Esta actividad representa casi el 9% del PIB industrial y 2.5% del PIB nacional; exporta 18 mil MDD anuales; emplea a más de 330 mil personas; y le reporta ingresos al fisco por más de 73 mil MDP al año. Menos común es reconocer que la minería juega un papel crucial en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, al ofrecer metales claves para redes eléctricas inteligentes, turbinas eólicas, paneles solares, autos eléctricos, inversores, baterías, y un sin número de equipos y dispositivos electrónicos. Buenos ejemplos son el cobalto, manganeso, grafito, níquel, cobre y tierras raras. Desde otro punto de vista, día con día se expande la inquietud por la transferencia de actividades mineras de la tierra al mar, dadas las crecientes restricciones técnicas, ambientales, sociales y políticas que enfrentan en el continente; a pesar de que la minería submarina implica graves consecuencias ecológicas. Los cuestionamientos y conflictos se multiplican para la minería terrestre. Consideremos que la minería es altamente compleja, y de escalas formidables. Implica enormes tajos y excavaciones en minas a cielo abierto, procesos de extracción del mineral por medios mecánicos; separación de las rocas mineralizadas; trituración, lixiviación o flotación, concentración con cianuración o ácido sulfúrico en pilas; depósito de jales (residuos) en presas; y, procesos industriales de beneficio. Todo ello significa problemas ambientales serios de desechos y jales; alteración del paisaje, suelos, vegetación y biodiversidad; efluentes y lixiviados ácidos; consumo y contaminación del agua; contaminación atmosférica por gases y partículas; alteración de cauces y cuencas hidrológicas; riesgos potencialmente catastróficos por ruptura y colapso de presas de jales; uso de energía y cambio climático; y cierre de minas y legados de sitios contaminados a largo plazo. La minería ha sido considerada en México preferente sobre cualquier otro tipo de actividad, con expropiación casi automática de terrenos, sin necesidad de acuerdos o contratos con los propietarios, y con concesiones a largo plazo sin concurso o licitación. También, con una regulación ambiental insuficiente. Se ha creado así una justificable coalición de opositores a la minería, en organizaciones sociales y en comunidades rurales, que han logrado ahora que el gobierno proponga una copiosa iniciativa de reformas legales.
Fuente: El Economista